Meta es acusada de dañar la salud mental de los menores de edad

Nuevo golpe a Meta en los tribunales. Una coalición conformada por los fiscales de 41 Estados y el Distrito de Columbia, la capital de Estados Unidos, ha presentado este martes una demanda en contra del gigante tecnológico, propietario de Facebook, WhatsApp e Instagram. “Meta ha engañado repetidamente al público sobre los peligros sustanciales que representan sus plataformas de redes sociales”, señala el documento de más de 200 páginas.

El informe argumenta que la compañía de Mark Zuckerberg ha desarrollado sus productos para hacerlos adictivos a los menores de edad y los han dirigido especialmente a los menores de 13 años, a pesar de que el uso de Facebook e Instagram se desaconseja para esta población.

La demanda busca que Meta advierta de forma clara que sus productos representan un riesgo para los usuarios más jóvenes. “Meta ha aprovechado tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, involucrar y, en última instancia, atrapar a jóvenes y adolescentes”, dice el documento.

La demanda sigue a una serie de negociaciones fallidas entre la tecnológica y los fiscales generales de los Estados, incluyen las regiones más pobladas del país como California y Nueva York. Las autoridades de estas regiones, tanto demócratas como republicanas, habían lanzado en 2021 una extensa investigación sobre los impactos que redes sociales como Instagram causan en menores y adolescentes. El punto de partida de los fiscales es que Meta no protege a esta población y que, en muchas ocasiones, incluso ha redoblado los esfuerzos para manipularlos y desarrollar una adicción que aumentara su tiempo en pantalla. Las partes llevaban meses hablando sobre un posible acuerdo para que la empresa resarciera el daño. No lo hubo.

Meta ha afirmado en un comunicado a la agencia AP: “Nos sentimos desilusionados por que, en lugar de trabajar de manera productiva con compañías de la industria para crear estándares de edad claros para todos los jóvenes que usan las aplicaciones, los fiscales generales hayan elegido este camino”. La compañía asegura que desde el inicio de la investigación ha mantenido “un diálogo significativo” con las autoridades sobre los esfuerzos que llevan a cabo para mejorar la experiencia de los usuarios más jóvenes, entre estos una treintena de herramientas dirigidas a este grupo y sus familias.

Los fiscales, sin embargo, no consideran que Meta haya hecho lo suficiente en la protección de los menores. La demanda, presentada en un tribunal federal de California y que tiene muchas partes censuradas por ser parte de la investigación, afirma que la empresa recolecta datos e información de los menores de 13 años sin el permiso de sus padres y tutores, lo que es una violación de las leyes federales estadounidenses.

También afirman que la empresa se propuso durante años atraer a esta población para competir frente a aplicaciones como TikTok y Snapchat, que tenían más éxito con los menores que Instagram. Y publicar informes que minimizaban el impacto real que los contenidos tenían en la salud mental de los menores. “Nuestra investigación bipartidista [la demanda está apoyada por Estados republicanos y demócratas] llegó a esta conclusión: Meta ha estado dañando a nuestros niños y adolescentes, cultivando adicciones para disparar sus ingresos corporativos”, ha asegurado este martes Rob Bonta, el fiscal general de California.

Los fiscales han elevado a los tribunales una preocupación que ya había sido manifestada en Estados Unidos por los distritos escolares. Estos fueron los primeros que emprendieron acciones legales contra las tecnológicas y su modelo económico en busca de atención que ha afectado las mentes de miles de alumnos. Instagram y Meta son tan solo una parte de este problema. Los juzgados de California también han recibido demandas que exigen que TikTok transparente sus datos y políticas con respecto a los menores. Este caso sigue si curso.

El uso de las redes sociales en Estados Unidos por los adolescentes es casi universal. El 95% de los jóvenes entre los 13 y 17 años aseguran estar al menos una plataforma digital, más de un tercio la usa de forma constante, de acuerdo al centro Pew. Gracias a la denuncia pública de Frances Haugen, la garganta profunda de la industria, el público sabe de algunas de las estrategias de manipulación que estas compañías han utilizado en los últimos años para consolidar su liderazgo. Esto a pesar de que las compañías sabían que la constante exposición a sus contenidos pueden provocar problemas mentales graves. Un documento interno de Meta obtenido por The Wall Street Journal en 2021 afirmaba que el 13,5% de las adolescentes piensan que Instagram empeoran los pensamientos suicidas. El 17% de las niñas también creen que empeoran los desórdenes alimenticios.

Laetitia James, la fiscal de Nueva York, también emitió un mensaje en el mismo sentido. “Los niños y adolescentes están sufriendo de niveles récord de problemas de salud mental y las compañías de redes sociales son las culpables”, ha señalado en un comunicado. Para cumplir con la regulación federal, las redes sociales han prohibido el uso de sus plataformas a los menores de 13 años. La investigación ha hallado, sin embargo, que no hay una vigilancia seria y los niños pueden saltar fácilmente este impedimento. Las tecnológicas han rechazado endurecer los filtros.

A California y Nueva York se suman también Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Misuri, Nebraska, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Dakota del norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia, Washington, Virginia Occidental y Wisconsin.

La gran mayoría de las entidades estadounidenses han emprendido acciones legales contra Meta. Otros importantes Estados como Florida y Texas, ambos bastiones conservadores, no se han unido a esta acción colectiva, pero han presentado demandas similares contra las grandes tecnológicas. Además, este martes también fueron presentadas demandas en instancias locales en Washington D.C., Massachusetts, Mississippi, Nuevo Hampshire, Oklahoma, Tennessee, Utah y Vermont.